El trabajo de la Oficina Jurídica es un pilar fundamental para garantizar un entorno universitario basado en al legalidad, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género.
Su labor no sólo vela por el cumplimiento de la normativa universitaria, sino que también protege y defiende los derechos de la comunidad, asegurando un ambiente seguro, justo e incluyente dentro de la FES Iztacala.
Durante 2024, la Oficina Jurídica llevó a cabo diversas acciones dirigidas a la prevención, atención y seguimiento de casos que afectan la integridad y los derechos de la comunidad universitaria. Como parte del compromiso con la erradicación de la violencia de género, se canalizó a 23 integrantes de la Facultad a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género (DDUIAVG) para recibir apoyo y atención especializada. Además, se atendieron 43 quejas remitidas por la DDUIAVG, de las cuales 39 corresponden a violencia de género y 4 a derechos universitarios, sumándose a las 69 quejas activas de 2023. Estas acciones no solo garantizan una respuesta institucional a quienes han sido víctimas de violencia, sino que también fortalecen el compromiso de la Facultad con la igualdad, la seguridad y la justicia.
En el ámbito de la resolución de conflictos a través de mecanismos consensuales, se celebraron 128 acuerdos, tramitados ante la Dirección General de Legislación Universitaria (DGELU) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), además de 82 acuerdos previos que se mantenían activos desde 2023. Con ello, se logró la conclusión efectiva de 155 acuerdos, promoviendo el diálogo y la solución pacífica de controversias dentro de la comunidad universitaria.
Como parte de la atención jurídica a la comunidad, se brindó asesoría a 19 miembros de la Facultad que fueron víctimas de delitos ocurridos tanto dentro como fuera del campus, asegurando que recibieran el apoyo y orientación adecuados para la defensa de sus derechos. Asimismo, se presentaron tres denuncias ante el Ministerio Público por delitos cometidos contra el patrimonio de la UNAM, además de dar seguimiento a cinco denuncias activas desde el año anterior, logrando la resolución de cinco casos.
En el ámbito disciplinario y de justicia universitaria, nueve estudiantes fueron remitidos al Tribunal Universitario por incumplir la legislación universitaria, resultando en seis sanciones confirmadas, una sanción aumentada, una revocada y un expediente aún pendiente de resolución. Además, 33 alumnos fueron amonestados por diversas faltas, fortaleciendo el cumplimiento de las normativas y el respeto dentro de la comunidad.
Los Procedimientos de Investigación Administrativa también representaron un eje central de la gestión jurídica, con la ejecución de 64 procedimientos que resultaron en dos rescisiones laborales, 24 suspensiones, 12 amonestaciones, tres renuncias, 16 procedimientos sin efectos y cuatro llamados de atención. Al cierre del periodo, tres procedimientos permanecen en curso dentro del término establecido. Adicionalmente, se tramitaron y concluyeron dos asuntos migratorios ante la DGAJ, asegurando la correcta gestión de procesos internacionales en beneficio de la comunidad académica.
En materia de juicios laborales, se concluyeron nueve casos, en los que en seis se absolvió de la reinstalación demandada y en uno solo se condenó a la nulidad de documentos, demostrando la solidez de los procesos jurídicos y la correcta aplicación de la normativa laboral universitaria.
